4 abril, 2020

Es inconstitucional la norma que establecía el Ingreso Base de Cotización de los trabajadores independientes

La Sala Plena concluyó que el artículo 244 del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1955 de 2019) desconoce el mandato constitucional de unidad de materia (falta de relación directa entre el artículo demandado y la norma que lo contiene), toda vez que no existe un vínculo directo e inmediato entre la regulación del Ingreso Base de Cotización de los trabajadores independientes, los independientes por cuenta propia y los trabajadores independientes con contratos diferentes a prestación de servicios personales y los objetivos, metas o estrategias previstos en la Ley del Plan o en el documento Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

La Corte aplazó los efectos de la decisión hasta el vencimiento de las dos legislaturas ordinarias siguientes, contadas a partir de la notificación de esta sentencia.

Para la Corte, la norma acusada no tiene conexidad directa ni inmediata por las siguientes razones: (i) la ubicación de la norma en la Ley no responde a una relación sistemática que explique regular el ingreso base de cotización de los trabajadores independientes y los demás temas que hacen parte del pacto por equidad en salud del Plan Nacional de Desarrollo; (ii) no se identifica de qué forma instrumental regular el ingreso base de cotización de los trabajadores independientes responde a alguno de los objetivos, metas, planes o estrategias propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo; (iii) tampoco es posible identificar un vínculo con cada una de las estrategias asignadas a los ministerios de Trabajo, Salud y Hacienda, o al Departamento Nacional de Planeación o la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales; y (iv) porque se pretende llenar un vacío normativo creado por la Ley 1122 de 2007, lo que significa, que el artículo 244, declarado inconstitucional, es una disposición de índole transversal y con carácter permanente en el ordenamiento jurídico por lo que debería estar incluida en una ley ordinaria y no en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo.

Los magistrados Diana Fajardo Rivera, Alejandro Linares Cantillo y Antonio José Lizarazo Ocampo, aclararon su voto. El magistrado Carlos Bernal Pulido salvó el voto.

Parte resolutiva de la decisión:

Primero. – Declarar INEXEQUIBLE el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, por infracción al principio de unidad de materia.

Segundo. – Diferir los efectos de la inconstitucionalidad declarada hasta el vencimiento de las dos legislaturas ordinarias siguientes, contadas a partir de la notificación de esta sentencia.

La Corte hace un llamado para que los trámites burocráticos no afecten el derecho a la salud.

La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos, hace un llamado a las Entidades Promotoras de Salud y a las Instituciones del Estado para que las negligencias y obstáculos administrativos no afecten el derecho a la salud. Esta situación se evidenció luego de la revisión del caso de Eduar Alexander González Mendoza, quien se encontraba privado de la libertad y que en reiteradas ocasiones había solicitado atención médica por quebrantos de salud.
El recluso manifestó a los funcionarios del Centro Carcelario de Neiva que en el pasado había sido sometido a la extracción de un tumor cerebral maligno por lo que requería valoración médica con urgencia por la posible reaparición del mismo.
En diciembre de 2018, se solicitó su traslado urgente y definitivo a la ciudad de Bogotá debido a que Salud Total, entidad a la que estaba afiliado, “no tenía red especializada, ni paraclínicos en la ciudad de Neiva” Al respecto El INPEC y la USPEC guardaron silencio, situación que lo motivó a hacer uso de la acción de tutela.
Pese a sus esfuerzos y con un fallo judicial a su favor, se encontró con continuas trabas del INPEC, la USPEC, la Cárcel de Neiva, la Fiduprevisora S.A. y la EPS Salud Total, quienes optaron por dar más importancia a los trámites internos que en hallar una estrategia para proteger la vida de una persona que estaba bajo su cuidado. Así las cosas, el recluso fue valorado seis meses después de su solicitud, pero lamentablemente falleció con el diagnóstico que él mismo había advertido desde la formulación del amparo.
Para la Corte, en el presente caso se evidenciaron errores y omisiones. Una vez más, los procedimientos administrativos se sobrepusieron a la necesidad urgente de una persona de recibir atención médica, es decir, primó el trámite sobre lo humano y la formalidad sobre la dignidad afectando profundamente la atención oportuna y eficaz de los pacientes.
Finalmente, recuerda la Corte que la garantía del derecho fundamental a la salud, por parte de las entidades prestadoras del servicio, deriva de la necesidad de no trasladar “las cargas administrativas y burocráticas” a los pacientes con el fin de evitar “dilaciones injustificadas” que afecten el acceso oportuno a los servicios.

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