21 febrero, 2020

Como identificar signos y síntomas de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes

Es evidente que, pese a la importancia que en sí mismo tiene el reconocimiento

de derechos, éste no es suficiente para transformar la vida de niñas y niños en todos los ámbitos. Esto tiene varias explicaciones, en primer lugar, la afirmación obvia y muchas veces constatada de que la aprobación de una ley no tiene efectos inmediatos sobre la realidad, pero la otra, que no resulta tan evidente para los teóricos –especialmente en el mundo jurídico– por las dificultades intrínsecas que la minoría de edad supone para el derecho.

Las limitaciones en el ejercicio de los derechos de niñas y niños suponen un riesgo para su efectivo cumplimiento y colocan a los titulares en situación de vulnerabilidad. En este contexto, uno de los temas más relevantes –por la trascendencia que puede tener en la vida de las personas– es el del abuso sexual. En este rubro, tanto la legislación como la praxis se han enfrentado a grandes obstáculos en la garantía del derecho a la protección en contra del abuso y maltrato.

El derecho a la protección en contra de todo tipo de abuso o maltrato abarca dos dimensiones: en primer lugar, la protección que debe establecer el Estado, contenido en el artículo 19 de la Convención y, en segundo lugar, un derecho restitutorio que consiste en la recuperación y reintegración social de aquellas niñas y niños que han sido víctimas de un abuso de cualquier índole, consagrado en el artículo 39:

Artículo 19.

  1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier persona que lo tenga a su cargo.

El problema de la invisibilidad del abuso sexual en contra de niñas   y niños en el contexto de la familia se vincula con el imaginario social que   coloca al niño dentro de una familia tanto “ideal” como inexistente. En  esta visión –sobre la cual, por cierto, están construidos nuestros sistemas jurídicos– los padres son los proveedores de todos los satisfactores que requieren  los hijos, incluidos, desde luego, tanto los físicos como los afectivos.  Así, la ancestral figura de la patria potestad  se funda en el supuesto de que los padres tienen ciertos derechos y deberes vinculados con la satisfacción de las necesidades básicas.

A pesar de las evidencias que contradicen esta idealización en las  relaciones entre padres e hijos, hay mucha resistencia, las más de las veces velada, en reconocer no sólo que la familia “ideal” –monogámica, biparental, estable y perfectamente funcional– es la excepción y no la regla (dados los múltiples modelos de organización familiar que tenemos en la actualidad), sino que en algunas ocasiones son los progenitores quienes lesionan los derechos de los propios hijos. Pensarlo resulta inquietante, pero negar esta realidad únicamente coloca en una condición de mayor vulnerabilidad a niñas y niños.

Reconocer la existencia del abuso en contra de niñas y niños constituye el primer paso para la garantía del derecho a la protección y la recuperación cuando el o la pequeña ya ha sido víctima.

Aunado a lo anterior y, en parte debido a esta construcción social que representa a la infancia como la edad de la inocencia y a la familia como la garante de ésta, nos enfrentamos al tema de la detección del abuso ¿Cómo detectar cuándo una niña o niño ha sido víctima de abuso sexual? ¿Cómo promover, tal como ordena la Convención, la identificación y la investigación  sin causar un daño mayor, es decir, sin re victimizar a una niña o niño? ¿Qué sentimientos y significación tiene el abuso sexual para una niña o niño? ¿Cómo promover, a partir de estas realidades, su recuperación y reintegración? Muchas de las respuestas a estos interrogantes se encuentran precisamente en las páginas de esta obra, sobre todo porque tiene como fin, a partir de la adecuada interpretación del lenguaje infantil, la detección y tratamiento de las niñas y niños que han sido víctimas.

Es importante destacar también que una de las mayores dificultades en la garantía de los derechos de niñas y niños tiene como origen la  ignorancia de que las estructuras de pensamiento durante la infancia y la adolescencia son distintas a las que se consolidan al llegar a la edad adulta.

Esta afirmación que resulta tan evidente para áreas del conocimiento como la psicología del desarrollo o la pedagogía, ha sido desconocida en el ámbito jurídico. En este campo se ha dejado de lado el hecho de que niñas y niños no se expresan de la misma forma que los adultos, lo que ha tenido como consecuencia, en muchas ocasiones, que no haya sido posible la detección y prueba del abuso y por otra el que los afectados hayan sido re victimizados al enfrentarse a procesos judiciales.

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